COMUNICADO DE PRENSA No 60
Bogotá D.C., martes 16 de junio de 2009. A cien mil salarios mínimos ascenderá la multa para aquellas empresas que acuerden clandestinamente prácticas o procedimientos lesivos al consumidor colombiano, si el daño supera este monto la sanción será del 150% de la utilidad derivada de esta conducta, y a dos mil salarios mínimos para aquellas personas naturales que incurran igualmente en este tipo conductas.
Así lo aprobó anoche la Plenaria de la Cámara en la discusión del Proyecto de Ley 333 de 2008 Cámara y 195 de 2007 Senado, “por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia
Bogotá D.C., martes 16 de junio de 2009. A cien mil salarios mínimos ascenderá la multa para aquellas empresas que acuerden clandestinamente prácticas o procedimientos lesivos al consumidor colombiano, si el daño supera este monto la sanción será del 150% de la utilidad derivada de esta conducta, y a dos mil salarios mínimos para aquellas personas naturales que incurran igualmente en este tipo conductas.
Así lo aprobó anoche la Plenaria de la Cámara en la discusión del Proyecto de Ley 333 de 2008 Cámara y 195 de 2007 Senado, “por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia
La iniciativa le impone la facultad a la Superintendencia de Industria y Comercio para actuar como autoridad única de competencia, con el fin de salvaguardar la sana competencia entre las empresas, y a la vez reglamentar las distintas políticas de integración empresarial (a excepción de las fusiones empresariales relacionadas a actividades económicas vigiladas por la Superintendencia Financiera , siendo ésta encargada de decidir sobre las mismas).
Así mismo, la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá la facultad de conceder beneficios a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en conductas violatorias de la competencia, siempre y cuando informen y aporten pruebas a esta superintendencia sobre estas conductas.
El proyecto de ley tiene como ponentes a los representantes María Violeta Niño Morales, Simón Gaviria, y Santiago Castro. Fue aprobado en las comisiones económicas y en las plenarias del Senado y la Cámara , y ahora le resta el texto conciliatorio para finalmente pasar a sanción presidencial.
Para la Representante Violeta Niño, “con este proyecto avanzamos en el desarrollo de las normas en materia de competencia para establecer garantías reales a los consumidores colombianos, y en donde empresas como las de los servicios públicos se vean obligadas a competir en precios, calidad en el servicio, y atención al cliente”
